Montero, Santa Cruz — La creciente tensión en torno a los avasallamientos en la zona del Patujú y El Cidral, en el municipio de Montero, ha puesto al descubierto una problemática estructural que combina irregularidades legales, inacción institucional y un uso político del territorio. Así lo manifestó el productor agropecuario e ingeniero Miguel Ángel Hurtado, en una intervención en Wara Comunicaciones donde compartió su experiencia como vecino, exalcalde de Montero y agricultor de larga data.

Hurtado comenzó aclarando un dato que, según él, ha sido mal interpretado en declaraciones previas: el área recientemente avasallada no se encuentra dentro de la ampliación de la mancha urbana, como se había afirmado, sino en el cauce antiguo del río Piraí, abandonado por el río en 2017 tras un cambio natural de recorrido.

“Esa zona está fuera del área urbana. Lo que está pasando es que como el río cambió de cauce, la gente creyó que no volvería. Como ninguna institución hizo nada para impedir los loteamientos, empezaron a avanzar y se metieron incluso a propiedades privadas”, explicó Hurtado.

Instituciones ausentes: “SEARPI se aplazó”

Uno de los principales blancos de crítica fue el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (SEARPI), organismo encargado de proteger los defensivos del río y prevenir desastres.

“El SEARPI no ha hecho absolutamente nada para proteger las riberas del cauce antiguo. Hay desmontes ilegales que nadie ha denunciado. Y si el río vuelve a su cauce original, todas las propiedades están en riesgo. Nos han dejado a la deriva”, denunció.

Hurtado propuso que la solución comienza con una reforma estructural del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), al que acusó directamente de estar vinculado con redes internas de corrupción y tráfico de información sobre terrenos aún no titulados.

Sistema agrario colapsado: miles sin título, otros con hectáreas improductivas

En su intervención, Hurtado expuso otra arista del conflicto: la lentitud en la entrega de títulos agrarios, lo cual deja a miles de productores en incertidumbre jurídica. A modo de ejemplo, relató su propio caso:

“Tengo una pequeña quinta que era de mi abuela, donde mi familia vive y produce desde hace más de 120 años. La casa tiene 115 años, pero mis títulos siguen en resolución administrativa porque al presidente no le da la gana de firmar”, expresó con indignación.

En contraste, mencionó casos en los que personas con miles de hectáreas sin actividad productiva reclaman saneamiento pese a no cumplir con la Función Económico Social (FES), lo que genera un desequilibrio entre quienes realmente trabajan la tierra y quienes la acumulan como inversión.

“Con 170 cabezas de ganado no se puede justificar el saneamiento de 5.000 hectáreas. La tierra es para quien la trabaja, no para engordar y vender”, subrayó.

Redistribución vs. Manipulación política

Hurtado también recordó los orígenes del proceso de reforma agraria en Bolivia, criticando cómo su espíritu original se ha distorsionado con el tiempo:

“El INRA fue creado para ordenar el caos que dejó la vieja reforma agraria. Pero con los años, aparecieron más títulos que tierra. Y ahora se está usando con fines políticos: se prioriza la entrega de tierras a comunidades afines al gobierno, incluso en zonas de riesgo, como cauces antiguos del río”, señaló.

Este fenómeno, explicó, también se relaciona con la inactividad de la Comisión Agraria Departamental, que debería ejercer control social sobre las decisiones del INRA pero, según Hurtado, nunca ha funcionado.

“Aquí hay historia, hay memoria, hay trabajo”

Finalmente, Hurtado apeló a la memoria histórica de Montero y sus raíces campesinas. Recordó que la región fue colonizada desde Portachuelo, y que muchas propiedades datan de más de un siglo atrás.

“Estas propiedades no tienen títulos del INRA, pero tienen historia. Tienen títulos de papá, de mamá, del abuelo. En mi caso, cinco generaciones han trabajado esa tierra. No pueden venir ahora a desconocer eso”, remarcó.

Con conocimiento técnico, experiencia territorial y una postura crítica pero propositiva, Miguel Ángel Hurtado dejó en claro que el problema de los avasallamientos en Montero es mucho más profundo que un simple conflicto de tierras: es un reflejo del deterioro institucional, la corrupción agraria y la ausencia de políticas serias de gestión territorial y ambiental.