Montero, Santa Cruz — La reciente toma de tierras en la zona oeste de Montero ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la legalidad de los avasallamientos, la reacción de las autoridades, y la creciente sospecha sobre irregularidades en la ampliación de la mancha urbana del municipio.

Santiago Valenzuela, en diálogo con Wara Comunicaciones, expresó su preocupación ante la toma de predios privados por parte de grupos encapuchados, señalando que «todo avasallamiento debe ser tratado bajo el marco de la ley» y que la Policía Nacional «es la única responsable de garantizar la seguridad jurídica de todos los bolivianos».

Según versiones recogidas, más de 100 personas ingresaron a un terreno supuestamente sin titularización clara. Este hecho desató un intento de desalojo liderado por actores cívicos, entre ellos el Gobernador Luis Fernando Camacho, cuya participación fue calificada por Valenzuela como «un exceso político», aunque también reconoció su valentía frente a la inacción de las instituciones.

«Camacho es un corajudo, a comparación de otros que por el susto se desmayan… Pero el desalojo debió hacerlo la Policía, no los civiles», puntualizó.

¿Negocio o necesidad?

Valenzuela también denunció que detrás de estos avasallamientos podría existir una estructura organizada, con listas de personas que pagaban entre 100 y 300 bolivianos por un lote. Se trataría de un esquema de negocio ilegal de tierras, donde supuestos «operadores» se aprovechan de la necesidad de vivienda de muchas familias.

«Son doctores en esto… saben dónde hay predios sin titularizar y organizan tomas masivas», afirmó.

Además, apuntó que esta situación se ve favorecida por la falta de transparencia del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), al que acusó de filtrar información sobre terrenos aún en proceso de saneamiento, lo que facilitaría su posterior avasallamiento.

La ampliación de la mancha urbana bajo la lupa

Uno de los puntos más sensibles señalados por Valenzuela es la reciente ampliación de la mancha urbana de Montero, realizada —según él— «entre gallos de medianoche» por el Ejecutivo y el Concejo Municipal. Esta ampliación habría abarcado hasta un 90% más del territorio originalmente previsto, sin estudios técnicos ni participación ciudadana.

«Ni topografía, ni estudios arquitectónicos, ni consulta a colegios de profesionales… simplemente aprobaron la ampliación y ahora vemos las consecuencias», denunció.

Zonas ecológicamente vulnerables, como las cercanas al río Piraí o la tranca de Puerto Méndez, ahora estarían categorizadas como urbanas, pese a los riesgos que representa su geografía. Esto habría incentivado a ciertos grupos a invadir tierras con la esperanza de legalizarlas mediante presiones sociales y vacíos legales.

Un llamado urgente a la institucionalidad

Valenzuela remarcó que estas acciones tienen consecuencias graves para el orden social, económico y jurídico del municipio, y pidió que se retome el respeto por la ley:

“El derecho debe prevalecer. No podemos permitir que Montero se convierta en tierra de nadie por falta de control o complicidad institucional”, concluyó.

Mientras tanto, los terrenos avasallados siguen siendo motivo de disputa, tanto en los medios como en los tribunales, en un conflicto que parece estar lejos de resolverse y que expone las grietas de una planificación urbana improvisada y politizada.