La responsable de Transparencia, Verónica Vidaurre, explicó que desde 2013 no se ha ejecutado el presupuesto destinado al control social, debido a que la instancia no cuenta con personería jurídica. Asegura que, pese a ello, se mantienen las capacitaciones y la coordinación con los sectores sociales.
Montero, Santa Cruz.– En entrevista con Wara Comunicaciones, la licenciada Verónica Vidaurre, responsable de la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, aclaró que el presupuesto destinado al control social —que asciende a 100.000 bolivianos— no ha sido ejecutado desde hace más de una década por la falta de documentación legal que respalde a esta instancia ciudadana.
“El anterior control social no logró obtener la resolución correspondiente. Para acceder a recursos públicos, se debe cumplir con requisitos legales que respalden la personería jurídica”, señaló Vidaurre durante el contacto con el periodista Tomás Coca.
Según la funcionaria, en 2023 se emitió una resolución administrativa (4024) que delega responsabilidades a la actual dirección encargada del vínculo con los grupos sociales, pero aún no se ha completado la documentación necesaria para utilizar dichos fondos sin incurrir en responsabilidades administrativas o legales.
“Estamos trabajando en revisar y coordinar todo este proceso para que, en cuanto se cumplan los requisitos, se pueda acceder al presupuesto de manera transparente y segura”, agregó.
Prevención de la corrupción y atención de denuncias
Vidaurre destacó que la Unidad de Transparencia desarrolla acciones preventivas contra la corrupción mediante capacitaciones internas y revisión constante de los procesos administrativos.
“Cuando el personal detecta irregularidades, las comunica de inmediato a Transparencia. Se solicitan los respaldos documentales y se investiga para determinar si corresponde iniciar un proceso o descartar el caso”, explicó.
Sobre las quejas por demoras en los trámites municipales, la funcionaria admitió que se han recibido reclamos, aunque la mayoría está relacionada con procedimientos que dependen de otras instancias estatales, como el desbloqueo de cuentas congeladas.
“A veces los contribuyentes creen que pagando ya se resuelve el problema, pero hay procesos que deben aprobarse también a nivel nacional. Siempre se les explica y se les atiende”, puntualizó.
Participación en la elaboración del POA
Consultada sobre las observaciones de algunos actores sociales y representantes del sector educativo, quienes aseguraron no haber sido convocados a la elaboración del POA 2026, Vidaurre indicó que, según la información de su unidad, los procesos de planificación se realizan de manera pública.
“No tengo conocimiento de que se haya excluido a nadie. Las cumbres del POA son abiertas y se desarrollan con la participación de dirigentes vecinales y presidentes distritales”, afirmó.
Añadió que el gobierno municipal enfrenta limitaciones económicas derivadas de deudas heredadas de anteriores gestiones, lo que condiciona la asignación presupuestaria.
“Actualmente se trabaja con recursos propios, priorizando el saneamiento de deudas millonarias. Aun así, las precumbres y cumbres vecinales sirven para definir obras y presupuestos por distrito”, sostuvo.
Compromiso institucional
La responsable de Transparencia reiteró que la oficina a su cargo mantiene puertas abiertas para recibir denuncias, consultas y propuestas de la ciudadanía, en el marco de la Ley Municipal 120/2016, que faculta a esta unidad a supervisar la transparencia y la rendición de cuentas.
“Seguimos comprometidos con fortalecer la cultura de transparencia y la participación ciudadana. Nuestro objetivo es que cada trámite y cada decisión se realicen de cara a la población”, concluyó Vidaurre.
