Guilda Veizaga y otros ediles cuestionan la adjudicación reiterada a la empresa Chiquitama, acusada de intoxicar a estudiantes. Alertan sobre un “modus operandi” para evadir la fiscalización del Concejo Municipal.

Montero,  – Crecen las críticas en el municipio de Montero tras la reciente adjudicación del contrato del desayuno escolar a la empresa Chiquitama, en medio de fuertes acusaciones de presuntas irregularidades, falta de transparencia y negligencia. La concejala Guilda Veizaga, en entrevista con el periodista Tomás Coca en Agenda Matinal, denunció un esquema sistemático que, según ella, busca evitar la fiscalización del Concejo Municipal y perpetuar el control de un mismo proveedor.

“Estamos hablando de más de 11 millones de bolivianos del pueblo, y la misma empresa que ha intoxicado a más de 30 niños el año pasado vuelve a adjudicarse el contrato”, denunció Veizaga. “Visité a los niños internados en la Clínica Montero. ¿Cómo puede volver a contratarse a esa empresa?”, cuestionó visiblemente indignada.

Adjudicación bajo sospecha

El contrato fue dividido en 10 lotes, cada uno por debajo del millón de bolivianos, una maniobra que según los concejales tiene como objetivo evitar que el proceso pase por el control del Concejo Municipal. “El año pasado ya se hizo lo mismo. Esta vez son 4,7 millones para el segundo semestre. Antes fueron seis millones. Todo está fríamente calculado”, afirmó.

Guilda Veizaga también apuntó a la forma en que se elabora el Documento Base de Contratación (DBC), indicando que está diseñado de forma tal que desincentiva la participación de pequeños y medianos empresarios. “Ponen condiciones difíciles de cumplir para que solo una empresa pueda calificar. Y todas las que ‘ganan’ tienen infraestructura en la misma avenida Panamericana. ¿Qué casualidad, no? Alquilan el mismo ambiente”, comentó irónicamente.

Inacción y división en el Concejo

Aunque la Petición de Informe Escrito (PIE) para esclarecer el proceso fue aprobada por 10 de los 11 concejales, Veizaga cuestionó la falta de acciones concretas y denunció una clara división dentro del órgano deliberante. “Hay concejales que siempre votan a favor del Ejecutivo. Por eso, cuando uno fiscaliza, ya le amarran las manos”, señaló. “El Consejo debería ser la máxima autoridad para fiscalizar el presupuesto municipal, pero con estas estrategias, nos quitan ese rol”.

Pese a las limitaciones, Veizaga aseguró que seguirá cumpliendo su rol de fiscalizadora. “Me fui personalmente a verificar una obra que quedó inconclusa. Esa es mi labor. Aunque muchas veces, cuando se trata de millones y contratos grandes, no nos permiten actuar”, lamentó.

¿Quién pone el cascabel al gato?

Las denuncias de intoxicación, incumplimiento del DBC, falsificación de requisitos y adjudicaciones sospechosas dejan en evidencia un patrón que, según los denunciantes, debe ser investigado a fondo. “Una vez hasta vino un repuesto de moto en un sobre en lugar de alimentos. Ya es el colmo. Es el negocio más fácil que han inventado en este tiempo”, aseveró la concejala.

Frente a esta situación, se plantea una reflexión mayor: “¿De qué sirve tener un Concejo Municipal si no puede fiscalizar? El pueblo paga a 11 concejales, ¿para qué? ¿Para ser un saludo a la bandera?”, cuestionó el periodista Tomás en el cierre del programa.

Cierre de gestión y elecciones a la vista

Con las elecciones subnacionales a la vuelta de la esquina, la ciudadanía de Montero se enfrenta a una gestión cuestionada y con múltiples sombras de presunta corrupción. “Que el pueblo elija con conciencia esta vez. No podemos seguir yendo hacia atrás”, advirtió Guilda Veizaga.

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