Montero, – La concejala Gilda Veizaga expresó duras críticas al Presupuesto Operativo Anual (POA) 2026 del Concejo Municipal de Montero, señalando exceso de burocracia, mala distribución de recursos y falta de transparencia en el manejo presupuestario de la institución.
Durante una entrevista radial, Veizaga denunció que el presupuesto aprobado, que asciende a más de 6 millones de bolivianos, está siendo destinado principalmente a servicios personales y contratación de consultores, en lugar de fortalecer áreas prioritarias como la fiscalización o el apoyo a la ciudadanía.
“Estamos hablando de un presupuesto que incluye 32 funcionarios con ítem y, además, una partida de 127.164 bolivianos para consultoría en línea. Mientras tanto, no contamos ni con un asesor jurídico desde hace más de dos años”, reclamó Veizaga.
La concejala detalló que el sueldo mensual del asesor jurídico sería de Bs. 11.874, lo que representa Bs. 154.362 al año incluyendo el aguinaldo, y cuestionó a la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) sobre el destino de esos recursos no ejecutados.
Asimismo, cuestionó la creación de nuevos cargos como un técnico de apoyo a comunicación, con un salario mensual de Bs. 6.333, pese a que —según sus declaraciones— “el equipo de comunicación del Concejo sólo trabaja para un grupo reducido de concejales y no cumple con su rol institucional”.
“¿Para qué se quiere un diseñador gráfico si solo se publica una nota por semana? No hay recursos para fotocopias cuando uno los solicita, pero sí hay para pagar sueldos innecesarios”, agregó.
También hizo observaciones respecto a la contratación de un nuevo personal para apoyo a la actuaria, cuando —según explicó— el trabajo de transcripción de actas podría realizarse de forma más eficiente con herramientas tecnológicas disponibles. “Hay actas que duran 18 minutos. No se justifica contratar a otro auxiliar con un sueldo de Bs. 4.264, pudiendo invertir ese dinero en necesidades reales”.
Cuestionamientos al rol fiscalizador del Concejo
Veizaga también admitió que existen deficiencias en el cumplimiento de la labor fiscalizadora, aunque argumentó que muchas veces los informes solicitados por los concejales no se entregan completos o con la claridad necesaria.
En ese contexto, se refirió al proyecto MOSAFA, relacionado con la construcción de baños ecológicos, señalando que algunas obras están paralizadas pese a contar con presupuesto asignado. También criticó que el programa Puerto Seco, que antes era administrado por organizaciones campesinas, ahora representa un gasto para el municipio, con una partida de Bs. 148.000, sin que se perciban mejoras evidentes.
Por otro lado, se mencionaron programas como el de promoción agropecuaria, con más de Bs. 1.3 millones presupuestados, sobre los cuales —según se indicó en la entrevista— no se tiene claridad sobre su ejecución y resultados concretos.
«No todo se muestra, pero sí se trabaja», asegura Veizaga
Al ser cuestionada sobre la falta de comunicación pública de su labor como concejala, Veizaga defendió su accionar señalando que, si bien no siempre aparece en los medios, trabaja directamente con las organizaciones sociales y en territorio.
“Mi trabajo no es solo de escritorio. Siempre he bajado a los distritos, a las organizaciones, fiscalizando e informando. Tal vez no siempre lo comunico por los medios, pero sí hay resultados”, dijo.
La concejala reconoció que la falta de visibilidad puede generar una percepción de inacción, pero insistió en que su rol como fiscalizadora ha sido constante, y que muchos de sus reclamos quedan asentados en actas y plenarias del Concejo.