Montero, — En la sesión ordinaria de esta jornada, el Concejo Municipal de Montero abordó dos temas que han generado preocupación ciudadana: la falta de saneamiento de predios municipales y los problemas estructurales del programa nacional “Mi Barrio, Mi Hogar”, implementado durante los años 2018 y 2019.

El concejal Fernando Rojas, entrevistado por Wara Comunicaciones, explicó que uno de los puntos más debatidos fue la situación del barrio 25 de Enero, donde los vecinos denuncian que un ciudadano extranjero, identificado como integrante de la Iglesia Patujú, estaría utilizando un terreno de dominio municipal, impidiendo el acceso a un área destinada a recreación infantil.

“Hemos recibido las quejas de los vecinos del barrio 25 de Enero. Se trata de un predio con una cancha deportiva que estaría siendo ocupado de manera irregular por un ciudadano coreano. Hemos solicitado mediante un Pedido de Informe Escrito (PIE) al Ejecutivo Municipal que nos remita toda la documentación y que se convoque a ambas partes para un diálogo y una solución”, manifestó Rojas.

El concejal lamentó que muchos predios de dominio municipal aún no estén debidamente regularizados, lo que genera conflictos y aprovecha vacíos legales:

“El Ejecutivo debería tener todos los terrenos municipales saneados y con documentación al día, pero aún hay irregularidades heredadas de anteriores gestiones.”

Proyecto “Mi Barrio, Mi Hogar”: deficiencias y responsabilidades

El segundo tema tratado fue el estado actual de las obras ejecutadas bajo el programa “Mi Barrio, Mi Hogar”, impulsado por el Gobierno Nacional durante la gestión del expresidente Evo Morales. Estas obras —principalmente enlosetados de calles— presentan graves deterioros y deficiencias estructurales que, según Rojas, ya han causado accidentes e incluso pérdidas humanas.

“Las losetas están en muy mal estado. Ha habido accidentes, incluso con desenlace fatal. El problema radica en que estos proyectos no fueron coordinados con la Alcaldía. Los convenios se firmaron directamente entre el Gobierno Nacional y dirigentes vecinales, sin participación del Ejecutivo Municipal, lo que dejó al municipio sin facultad legal para intervenir en su mantenimiento”, explicó el concejal.

Rojas recordó que la normativa vigente impide que los gobiernos municipales realicen inversiones en obras con menos de cinco años de antigüedad, salvo casos excepcionales:

“No se puede hacer una doble inversión pública. Hasta el próximo año recién se cumplirán los cinco años de vida útil de esos enlosetados, y entonces el Ejecutivo podrá realizar mantenimientos y reparaciones. Ya existe una programación para intervenir en la zona aledaña al cementerio alemán.”

El concejal, arquitecto de profesión, detalló además que los contratos del programa fueron fraccionados entre varias empresas, lo que generó una falta de coordinación técnica y ausencia de fiscalización profesional.

“Había una empresa para la excavación, otra para el relleno, otra para los cordones y otra para colocar las losetas. Nadie asumió la responsabilidad por los defectos, y los únicos fiscalizadores fueron los dirigentes vecinales, sin formación técnica ni facultades legales para ese rol.”

 

Fiscalización y rendición de cuentas

Rojas sostuvo que el Concejo Municipal está cumpliendo su rol fiscalizador y que se investigará la omisión de autoridades de gestiones anteriores, tanto municipales como nacionales, involucradas en la ejecución del programa.

“Este es un problema heredado. Sin embargo, corresponde establecer responsabilidades, porque hubo negligencia en la firma de convenios y en la supervisión de obras que se realizaron en territorio municipal sin la participación de la Alcaldía”, subrayó.

Rojas concluyó reafirmando su compromiso con la transparencia y el control social:

“Nuestra tarea no es solo fiscalizar con cámaras, también lo hacemos en el terreno. Vamos a seguir pidiendo informes y documentación para que la ciudadanía sepa qué se hizo mal y quiénes deben responder.”