El eslogan “Con Cafia se acaba la mafia” surgió durante la campaña electoral del 2016 en la Cooperativa Cosmol. La frase, que con el tiempo se mantuvo entre los socios, nació —según relatan sus impulsores— como una respuesta a las sospechas de discrecionalidad, falta de transparencia y presuntos manejos irregulares dentro de la institución.

Durante esa primera elección,  Cafia y quienes respaldaban su propuesta denunciaron que la cooperativa operaba como “la caja chica de políticos y vividores”. La prioridad, insisten, era recuperar la transparencia y conocer con exactitud cuánto ingresaba y cuánto se gastaba en la institución.

Una cooperativa al borde del colapso

Cafia recuerda que, según él, la cooperativa se encontraba “hundida”, con gastos injustificados y una deuda que hasta hoy continúa en niveles elevados. Viajes, viáticos, churrascos semanales, pasajes aéreos y recepciones para autoridades serían parte del presunto despilfarro.

Los responsables de esa gestión —mencionados por varios entrevistados, entre ellos Víctor Hugo Ortuño— habrían dejado obligaciones millonarias, cuyo origen y destino nunca fueron esclarecidos.

“Nos entregaron una cooperativa en rojo. Deuda tras deuda. Y hasta ahora seguimos pagando”, afirma Cafia.

El problema de fondo: los 11.050.000 bolivianos en “cuentas por regularizar”

El tema más sensible es una diferencia superior a 11 millones de bolivianos registrada entre el módulo contable y el módulo comercial. En el sistema comercial figuran como montos cobrados; sin embargo, en el sistema contable el dinero no aparece.

Durante la última asamblea, se esperaba la presentación de la auditoría especial destinada a aclarar ese desfase, pero nuevamente no se presentó ningún informe.

El presidente del Consejo de Vigilancia explicó que no se procedió por falta de recursos. Pero el presidente del Consejo de Administración, Martín Pocho Rivera, fue más allá: afirmó que, según recomendaciones de la auditoría externa, la cooperativa debería “castigar” gradualmente esa cuenta, debido a que ya no sería posible identificar responsabilidades legales o administrativas.

La propuesta generó malestar entre los socios, pues implicaría asumir como pérdida más de 11 millones de bolivianos.

¿Se debe “castigar” la deuda? El debate técnico

El contador Óscar Inca ofreció otra lectura: un castigo contable es válido solo cuando no existen bienes ni posibilidades de recuperación.
“Si el deudor no tiene nada, se castiga. Pero si tiene casa, vehículo o negocio, se embarga”, sostuvo.

En este caso, añade Inca, el castigo sería improcedente si existen personas identificables que ocuparon cargos y administraron fondos durante las gestiones observadas.

La responsabilidad y el reclamo interno

Cafia, hoy miembro del Consejo de Administración, reconoce que existe presión para demostrar que su lucha contra la corrupción no es solo retórica. “Uno peca por acción y por omisión”, le recordó el periodista Tomás Coca durante la entrevista.
Él respondió que ha solicitado documentación a La Paz desde hace un año, pero que no ha recibido nada.

Aun así, anuncia que propondrá formalmente contratar una consultora para realizar la auditoría especial, y que conversará con especialistas para conocer costos reales. Según estimaciones del auditor Óscar Inca, el trabajo costaría entre 40.000 y 50.000 bolivianos.

“Nosotros no hemos tocado un peso. No tenemos por qué ocultar nada. Hay que hacer la auditoría y dar con los responsables”, insiste Cafia.

¿Falta de dinero o falta de voluntad?

Para varios socios, el problema no es financiero sino político: falta voluntad interna para impulsar la auditoría. Ante ello, se planteó la idea de abrir una cuenta de aporte voluntario entre los 30.000 socios, para recaudar los fondos necesarios y evitar que la excusa económica sirva para mantener paralizado el proceso.

Cafia afirmó que considerará esta propuesta y que insistirá en que la auditoría sea ejecutada antes de que termine la actual gestión, cuyo mandato concluye el próximo año.

“Con Cafia se acaba la mafia”: ¿promesa o compromiso pendiente?

El eslogan que lo llevó al escenario cooperativo vuelve a resonar. Sus críticos esperan resultados concretos; sus seguidores le exigen coherencia.
Entre tanto, el problema de fondo persiste: 11 millones de bolivianos sin explicación clara, un sistema interno debilitado y una base social que reclama verdad y responsables.

La auditoría especial, si finalmente se ejecuta, será la prueba definitiva para determinar si el lema que marcó una campaña puede convertirse, al fin, en una realidad para la Cooperativa Cosmol.