Montero 26 febrero 2026. — La reciente denuncia pública realizada por la señora María Isabel Saigua, quien en una pancarta calificó a Pablo Reynoso de “discriminador y racista” tras ser retirada de la lista a la primera concejalía de Unidad por la Patria, ha abierto un debate que trasciende lo coyuntural y se instala en el terreno sociológico y político del municipio.

El periodista y candidato a concejal por la agrupación Todos, Tomás Coca, planteó la necesidad de analizar con detenimiento los conceptos de discriminación y racismo antes de emitir juicios concluyentes.

“¿Qué entendemos por discriminación?”, cuestionó Coca. “Es el trato desigual o injusto hacia una persona o grupo por características como origen étnico, color de piel, género, edad, religión, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad”. En este caso —señaló— la denuncia se enmarca en el ámbito político, donde Saigua habría atribuido su exclusión a factores como el color de piel o el origen étnico.

El debate, sin embargo, no se limita a una organización política. Coca propuso ampliar la mirada y preguntarse cómo operan estos factores en el conjunto de las fuerzas que compiten en Montero y el Norte Integrado.

Según su análisis, el componente étnico-cultural y el color de piel parecen tener una presencia visible en las campañas electorales. “Si uno observa las concentraciones políticas, puede notar diferencias en la música, en la estética y en el perfil de los simpatizantes. Más que el componente ideológico, pareciera que el origen étnico y la pertenencia cultural están marcando comportamientos electorales”, sostuvo.

Como ejemplo comparativo, mencionó a Creemos, señalando que en sus actos públicos se percibe un perfil social y cultural distinto al de otras agrupaciones.

Coca contrastó esta realidad con su experiencia en Llallagua, donde —según recordó— en décadas pasadas el debate político no giraba con tanta fuerza en torno al color de piel o la pertenencia étnica, aunque sí existían marcadas diferencias de género. “Hoy se ha avanzado bastante en el tema de equidad entre hombres y mujeres, pero en Montero es muy notoria la diferenciación étnico-cultural en la política”, afirmó.

En el análisis también surgió la interrogante sobre la representación social de los candidatos. Coca planteó que más allá de las etiquetas, es necesario preguntarse a qué sectores económicos y culturales representan quienes aspiran a la Alcaldía.

“¿Se presentan como expresión ideológica o como representación de determinados intereses económicos?”, cuestionó. En ese sentido, sugirió que en el municipio podría existir una pugna entre sectores de poder económico, donde las candidaturas se convierten en vehículos de disputa.

Asimismo, remarcó que el crecimiento en el número de organizaciones políticas participantes —que podría pasar de seis en la anterior elección a entre diez y doce en la actual contienda— refleja una efervescencia electoral que también merece análisis.

Finalmente, Coca sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en acusaciones, sino en una reflexión más profunda sobre identidad, representación y poder. “Es importante que cada candidato explique a quién representa: si a sectores populares, empresariales, trabajadores, migrantes o comunidades de raíz quechua. Desde el enfoque sociológico y antropológico, estas definiciones ayudan a comprender el mapa político local”, concluyó.

La polémica deja abiertas preguntas sobre discriminación, identidad y representación en la política montereña, un debate que, más allá de los nombres propios, interpela a toda la sociedad.