Montero, – El Parque Industrial de Montero vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse una serie de irregularidades en la adjudicación y venta de terrenos municipales, algunos de los cuales fueron transferidos de manera ilegal a precios exorbitantes.

El licenciado Fabricio Vaca, integrante de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal de Montero, confirmó en conferencia de prensa que se han detectado múltiples casos de venta irregular de predios del parque industrial, pese a que los mismos pertenecen legalmente al municipio.

“Tenemos pruebas de que personas que no contaban con derecho propietario transfirieron terrenos municipales a terceros por montos que alcanzan los 350 mil dólares. En algunos casos, se llegó a pagar hasta 70 dólares por metro cuadrado, cuando el precio oficial establecido por ley municipal es de 2 dólares”, explicó el abogado.

Según los antecedentes, el Parque Industrial de Montero fue creado en 1992 mediante ley nacional, con una extensión de 183 hectáreas cedidas por CORDECRUZ al municipio. En 1998, la Ley 1909 autorizó la transferencia de estos terrenos con fines industriales, fijando un precio inicial de 1 dólar por metro cuadrado, bajo estrictos reglamentos.

Durante la gestión del alcalde Mario Batista, en 2012, se aprobaron nuevas normativas que aumentaron el valor a 2 dólares por metro cuadrado y establecieron condiciones para la construcción de obras industriales en un plazo de un año. En 2018, un decreto municipal otorgó un último plazo a los adjudicatarios para cumplir con la edificación de al menos el 60 % de sus proyectos.

“En 2019 se constató que más de 40 empresas no habían cumplido con los requisitos ni con el avance de obras exigido. Por ello, desde 2021 se inició la resolución de contratos de adjudicación provisional”, detalló Vaca.

De acuerdo con la Dirección Jurídica, la mayoría de los contratos de adjudicatarios incumplidos fueron resueltos conforme al Decreto Municipal 01-2018, aunque algunos casos aún continúan en instancias administrativas y judiciales.

Uno de los hechos más graves involucra al ciudadano Grover Meneses, quien —según Vaca— transfirió ilegalmente un terreno municipal de 5.000 metros cuadrados a la señora Eulalia López, por un monto cercano a los 350 mil dólares, pese a no tener derecho propietario. Un caso similar se habría dado entre Marta Flores y Liliana Castellón.

“Estas ventas son ilegales. Se trata de predios municipales registrados en Derechos Reales a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Montero. Se han iniciado acciones penales por los delitos de estelionato y enriquecimiento de particulares con afectación al Estado”, afirmó el jurista.

Las personas involucradas, Eulalia López y Liliana Castellón, también habían presentado denuncias contra el alcalde y otros funcionarios por presuntos actos de corrupción; sin embargo, la Fiscalía Departamental rechazó la denuncia al no encontrar elementos suficientes que configuren delito.

Respecto a los rumores sobre supuestos pagos “extra” o direccionamientos en la adjudicación de terrenos, Vaca señaló que el alcalde municipal ha instruido una auditoría especial para revisar todas las transacciones, adjudicaciones y transferencias realizadas desde la creación del parque industrial.

“Queremos que el parque industrial cumpla su verdadera función: atraer inversión, generar empleo y movimiento económico. Hay predios de más de 30.000 metros cuadrados que en 20 años solo han construido bardas. Contra esos casos también estamos actuando legalmente para recuperar los terrenos”, aseguró.

El funcionario subrayó que la prioridad de la administración municipal es transparentar la gestión y garantizar que los terrenos sean ocupados por inversores reales que construyan y produzcan, contribuyendo al desarrollo económico de Montero.