El concejal municipal Rafael Hurtado cuestionó el proceso de contratación del servicio de recolección de residuos sólidos en Montero y anunció que solicitará informes técnicos para revisar las condiciones del contrato, pese a que este ya fue suscrito y aprobado.
Hurtado señaló que el Concejo Municipal no puede modificar un contrato que ya fue firmado, pero sí tiene la responsabilidad de fiscalizarlo y revisar sus aspectos técnicos y económicos. Según información proporcionada por la Secretaría Municipal de Obras Públicas, el municipio recaudaría alrededor de 2 millones de bolivianos anuales por concepto de aseo urbano mediante las facturas de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), monto que representaría menos del 25% del costo del contrato vigente. El concejal aclaró que todavía no pudo corroborar de manera independiente esta cifra y planteó solicitar información oficial a la CRE.
Hurtado rechazó además la posibilidad de incrementar las tasas de aseo urbano como primera alternativa para cubrir el costo del servicio. Consideró que el municipio debería buscar mecanismos para reducir el gasto y mejorar la eficiencia, incluyendo sistemas diferenciados de recolección de residuos orgánicos y reciclables.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el desayuno escolar. El concejal sostuvo que la alimentación proporcionada a los estudiantes debería ser más variada y responder a criterios nutricionales adecuados. Mencionó que existen cuestionamientos sobre la composición de las raciones y planteó revisar el contrato, la empresa adjudicataria, el tiempo de prestación del servicio y los recursos destinados a este programa.
La discusión también se extendió al proceso de elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2027. Hurtado manifestó que, hasta el 11 de agosto, no tenía información clara sobre la realización de las cumbres de planificación participativa y expresó su intención de participar para plantear mayores recursos destinados al área de salud.
En este punto, Edward Núñez, activista político-social, cuestionó la forma en que se desarrolla la planificación municipal. Señaló que la participación vecinal se concentraría en la distribución de una parte reducida del presupuesto, mientras que las principales partidas ya estarían definidas previamente por las autoridades municipales.
Núñez comparó el presupuesto de salud de 2025, de 62,351 millones de bolivianos según el documento, con los 59,220 millones previstos para 2026, y cuestionó que se reduzcan recursos para salud mientras aumentan partidas vinculadas al Ejecutivo Municipal y al Concejo.
El activista también observó la falta de resultados en determinadas inversiones públicas, tomando como ejemplo el mercado ALBA, inaugurado en 2017 y que, según afirmó, permanece sin funcionamiento adecuado pese al tiempo transcurrido.
Finalmente, Núñez sostuvo que la principal función de los concejales debe ser fiscalizar los actos del Ejecutivo Municipal, verificar las inversiones públicas y controlar que las adquisiciones y contratos respondan a criterios de eficiencia, calidad y transparencia. En materia de salud, planteó que la fiscalización no debe limitarse a revisar documentos, sino también verificar físicamente las obras, equipos, ambulancias y servicios adquiridos con recursos públicos.
