El abogado municipalista Jaime Uscamayta afirmó que la Ley Municipal 366, que declara la Feria Dominical de Villa Verde, presenta presuntas irregularidades en su aprobación y contradice la Ley Municipal 259, normativa que prohíbe nuevos asentamientos de comerciantes en el municipio de Montero. Sus declaraciones surgieron en el marco del conflicto generado entre organizaciones de comerciantes y el Concejo Municipal.

Uscamayta explicó que la Ley 259, denominada Ley Municipal de Preservación, Recuperación e Inscripción e Inventario de Bienes del Dominio Municipal, fue elaborada tras un proceso de consenso con dirigentes de los diferentes mercados del municipio, con el propósito de evitar la proliferación de asentamientos comerciales irregulares y ordenar el crecimiento de la actividad comercial ante la crisis económica.

Según el jurista, la posterior aprobación de la Ley 366 se realizó mediante dispensación de trámite y voto de emergencia, sin contar con informes técnicos, legales ni de comisión, además de no haber sido consensuada con las organizaciones de comerciantes. Agregó que esta norma no derogó la Ley 259, por lo que ambas disposiciones entran en contradicción y corresponde al Concejo Municipal regularizar la situación.

El abogado señaló que la Federación de Comerciantes de las Cuatro Provincias del Norte solicitó su asesoramiento legal para analizar el conflicto normativo y respaldar la petición de abrogar o modificar la Ley 366. Asimismo, denunció que durante una reciente sesión del Concejo Municipal un grupo de comerciantes ingresó al recinto para presionar a los concejales e impedir el tratamiento del tema, situación que calificó como un acto de intimidación contra autoridades y dirigentes del sector.

Respecto a los argumentos de quienes impulsan la feria dominical, Uscamayta rechazó que se trate de productores que comercialicen directamente al consumidor o que ofrezcan precios inferiores a los mercados establecidos. Afirmó que, al igual que otros comerciantes, adquieren productos de distintos centros de abastecimiento para su posterior reventa.

El municipalista sostuvo que Montero requiere preservar el ordenamiento territorial y evitar la creación de mercados paralelos junto a centros de abasto ya establecidos, al considerar que ello genera competencia desleal y conflictos entre comerciantes. En ese sentido, planteó que existen otros sectores del municipio donde podrían desarrollarse nuevos espacios comerciales de manera planificada y conforme a la normativa vigente.

Finalmente, manifestó que corresponde al Concejo Municipal resolver el conflicto mediante los procedimientos previstos en su reglamento interno, revisando la legalidad de la Ley 366 y garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico municipal.