El abogado municipalista Jaime Uscamayta expresó serias observaciones sobre la participación de la sigla SOL en el proceso electoral, señalando que esta organización no contaba con una personería jurídica plenamente garantizada, situación que —según afirmó— era de conocimiento de sus propios dirigentes.
Uscamayta explicó que existen varias agrupaciones políticas que no participaron en la contienda y que podrían haber prestado su personería jurídica. Sin embargo, sostuvo que Mario Baptista optó por utilizar la sigla SOL cuya legalidad ya estaba siendo cuestionada, lo que pone en duda la transparencia de su participación electoral.
Asimismo, el jurista criticó el comportamiento de los concejales durante la actual gestión municipal. Indicó que, salvo una excepción, la mayoría de los concejales electos por el Movimiento al Socialismo (MAS) se habrían alineado con el proyecto político de Creemos, lo que —según denunció— respondería a beneficios personales como cargos, viáticos o favores.
En ese contexto, aseguró que el Concejo Municipal no cumplió con su rol de fiscalización, ya que no realizó controles efectivos ni verificaciones de obras durante los últimos cinco años. Añadió que existen actas que evidenciarían esta falta de control institucional.
Uscamayta también mencionó la existencia de procesos pendientes vinculados a presuntos hechos de corrupción, como el caso de la piscina olímpica, y afirmó que la actual gestión no ha impulsado acciones legales al respecto debido a supuestos acuerdos políticos. “Ha habido un compromiso de no procesarse entre autoridades y de no fiscalizarse mutuamente”, sostuvo.
En relación con el proceso electoral reciente, el abogado consideró que la participación de ciertos actores habría sido planificada con el objetivo de fragmentar el voto ciudadano. Según su criterio, la insistencia en candidaturas vinculadas a una sigla observada habría generado confusión en el electorado.
Finalmente, advirtió que una eventual reelección del actual alcalde podría garantizar la continuidad de estos acuerdos y la falta de rendición de cuentas, mientras que un cambio de gestión abriría la posibilidad de iniciar procesos por presuntos hechos de corrupción en administraciones pasadas.