Montero, 23 de febrero de 2026 – Un video con declaraciones del candidato a la Alcaldía de Montero por ASIP, Fabricio López, y del presidente de esa organización política, Roberto Fernández, comenzó a circular con rapidez en redes sociales. En el material audiovisual, ambos aseguran que continuarán en la carrera electoral, pese a los desafíos legales que enfrenta la agrupación.

En el video, López reafirma su decisión de seguir adelante con su candidatura. “Vamos a seguir luchando, estamos comprometidos con el futuro de Montero y no nos vamos a detener”, señala. Por su parte, Fernández sostiene que la organización mantiene su objetivo de generar un cambio en la ciudad y que continuará respaldando el proyecto político.

Observaciones legales

Las declaraciones se producen en un contexto de incertidumbre jurídica. El abogado municipalista Jaime Uscamayta explicó que, más allá de las posturas personales, el desenlace dependerá del cumplimiento de la normativa vigente.

“Lo que estamos viendo en el video es una postura personal de los líderes de ASIP, pero a nivel legal lo que va a ocurrir no depende de criterios personales, sino del cumplimiento de la ley”, afirmó.

Uscamayta recordó que existe una resolución vinculante de una Sala Constitucional que establece que las agrupaciones políticas que no hayan alcanzado el 3% mínimo de votos en la última elección deben perder su personería jurídica, quedando inhabilitadas para participar en los comicios subnacionales. Según indicó, tanto ASIP como SOL no habrían superado ese umbral.

“Según el Código Procesal Constitucional, el cumplimiento de las resoluciones judiciales es obligatorio. Si los miembros del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz o del Tribunal Supremo Electoral no acatan la resolución, podrían incurrir en responsabilidades penales”, advirtió.

El jurista también señaló que existen precedentes en casos similares, donde otras agrupaciones fueron excluidas del proceso electoral por no cumplir los requisitos establecidos.

En cuanto a la afirmación de López de que “sea como sea” participará en las elecciones, Uscamayta consideró que podría tratarse de una señal de que el candidato evalúa alternativas políticas en caso de que la sigla quede inhabilitada.

“El fallo es obligatorio y no admite apelación”

Por su parte, el abogado constitucionalista Franz Galler fue enfático al sostener que, desde el punto de vista jurídico, el panorama estaría definido.

“Desde la parte política pueden mostrar que siguen en la batalla, pero jurídicamente ya no hay opción. No pueden reclamar a ningún lado, no hay más instancias”, afirmó.

Galler explicó que el fallo constitucional es de cumplimiento obligatorio y no admite apelación. “Es el único y más alto en Bolivia. Lo que vaya a pronunciar la sala plena del órgano electoral respecto a ese fallo es una mera formalidad, porque nada va a cambiar”, sostuvo.

Añadió que tanto el Tribunal Supremo Electoral como los tribunales departamentales están obligados a acatar la determinación constitucional. “No hay más dónde ir, ni de qué hablar, ni qué reclamar”, puntualizó.

Estrategia política y proyección

No obstante, Galler consideró que la postura pública de ASIP responde a una estrategia política. “Ellos tienen que mostrar que están peleando, que continúan en la batalla. Si no, su gente se dispersa”, explicó.

A su criterio, mantener presencia mediática podría buscar preservar la estructura partidaria y eventualmente negociar con otra fuerza política habilitada. “Es una lógica de sobrevivencia política y económica: mostrarse fuertes, decir que la organización está intacta y ver con quién pueden llegar a acuerdos”, señaló.

El constitucionalista también relativizó el peso electoral de la estructura local de ASIP, al indicar que para obtener un concejal en Montero se requieren más de siete mil votos. “Con treinta votos no se hace nada. Políticamente, a muchos no les interesaría esa supuesta estructura”, afirmó.

Mientras tanto, el escenario electoral en Montero permanece atento a la decisión formal del órgano electoral, que deberá pronunciarse en cumplimiento del fallo constitucional, en medio de un clima político marcado por la incertidumbre y el reacomodo de fuerzas.