El abogado municipalista Jaime Uscamayta explicó a Wara Comunicaciones los alcances de la normativa electoral vigente y los escenarios que se presentan en distintos municipios del país de cara a las elecciones subnacionales previstas para fines de marzo.
Uscamayta señaló que la ley establece requisitos formales de habilitación para los candidatos, como contar con libreta de servicio militar, no tener pliego de cargo ejecutoriado y acreditar residencia en el municipio correspondiente. Sin embargo, precisó que también existen incompatibilidades prohibidas por ley que pueden derivar en inhabilitaciones posteriores, aun cuando el candidato haya cumplido con los requisitos iniciales.
En el caso del exalcalde municipal de Montero, Mario Baptista indicó que podría aplicarse la Sentencia Constitucional 007, la cual ya fue considerada en otros municipios. No obstante, observó que existen diferencias de criterio entre tribunales departamentales electorales, como ocurre en Cochabamba, donde —según afirmó— la misma sentencia no habría sido aplicada de la misma manera que en Santa Cruz o Trinidad.
“Este tipo de situaciones debe ser unificado por el Tribunal Supremo Electoral”, sostuvo, al señalar que las decisiones divergentes generan incertidumbre jurídica.
Agrupaciones políticas en riesgo de inhabilitación
El jurista también se refirió al cumplimiento de requisitos por parte de las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. Recordó que anteriormente, cuando una organización no alcanzaba el porcentaje mínimo de votación exigido, debía pagar una multa equivalente al costo de impresión de papeletas. Sin embargo, la normativa actual establece directamente la inhabilitación de la personería jurídica.
En ese marco, informó que en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz existe un informe de Asesoría Legal y Secretaría que identifica a agrupaciones que no habrían alcanzado el porcentaje mínimo requerido. De confirmarse esta situación, correspondería su inhabilitación, tal como ya ocurrió en los casos de ADN y UCS.
Entre las agrupaciones actualmente cuestionadas mencionó a ASIP y SOL, cuyos casos deberán resolverse conforme a procedimiento administrativo en un plazo aproximado de siete días.
Asimismo, recordó que las impugnaciones a candidaturas pueden presentarse hasta 15 días antes de la elección, por lo que aún podrían surgir nuevos recursos legales. En Montero, indicó, existen procesos en trámite contra candidaturas tanto del oficialismo como de otras fuerzas políticas.
Restricciones y propaganda electoral
Uscamayta también advirtió que la normativa electoral establece restricciones específicas respecto a la propaganda. Explicó que realizar campaña fuera de los plazos o condiciones permitidas puede constituir una causal de inhabilitación, aunque estos aspectos no estén contemplados dentro de los requisitos formales iniciales, sino en disposiciones complementarias de la ley electoral.
Posibles reconfiguraciones políticas
Ante la eventual inhabilitación de algunas agrupaciones, el abogado anticipó que podría producirse una reconfiguración del escenario político local, con alianzas y adhesiones a otros frentes. Mencionó como antecedente reciente la decisión de actores políticos del SAO de sumarse a otra candidatura departamental.
“Si algunas agrupaciones no pueden participar, es probable que su estructura se sume a un bloque opositor”, afirmó.