Montero. La contratación del desayuno escolar en Montero enfrenta cuestionamientos por la concentración de proveedores, la presunta intermediación y la transparencia en el manejo de recursos públicos. El exalcalde Mario Baptista, el abogado municipalista Jaime Uscamayta y el concejal Rafael Hurtado plantearon observaciones al sistema de provisión y exigieron mayor fiscalización.
Durante entrevistas concedidas a Wara Comunicaciones, Baptista recordó que en su gestión participaron entre cuatro y ocho empresas proveedoras, además de productores locales de frutas, leche y otros alimentos. Cuestionó la actual concentración de la provisión y defendió la incorporación de panaderías y emprendimientos montereños para dinamizar la economía regional.
Por su parte, Uscamayta observó la presunta intermediación en la compra de productos como mermelada de quinua, lácteos y derivados del ingenio Guabirá. También cuestionó la participación de sociedades accidentales y señaló reclamos de padres de familia sobre alimentos rechazados por los estudiantes, incluidos productos de panadería con características organolépticas cuestionadas.
El concejal Hurtado denunció un presunto fraccionamiento de contratos y afirmó que la empresa SERPAC SRL habría concentrado aproximadamente el 82% de las adjudicaciones, por un monto de Bs 11.156.000, mediante diferentes contratos y ampliaciones. Según su interpretación, varios procesos se dividieron en lotes inferiores a Bs 1 millón, por lo que solicitó una revisión de la Contraloría.
Hurtado también observó la contratación de 207.018 unidades de mermelada de quinua para 17 días, con un presupuesto de Bs 434.736, equivalente al 21,51% de una contratación de Bs 2.021.183.
Entre las propuestas planteadas por los tres entrevistados figuran fortalecer los controles mediante profesionales en ingeniería de alimentos, transparentar las adjudicaciones y priorizar las compras directas a productores e industrias de la región.
Las observaciones abren el debate sobre la administración de estos recursos municipales. Corresponde al Ejecutivo aclarar los cuestionamientos y garantizar que la alimentación escolar cumpla las exigencias nutricionales y de calidad.
