MONTERO — Un acalorado debate político, técnico y social se ha desatado en el municipio de Montero tras la reciente decisión del Consejo Municipal de aprobar la reducción del 40% al 35% en la cesión de áreas verdes y equipamiento urbano para proyectos inmobiliarios ubicados en zonas fronterizas. Mientras desde el ente legislativo se argumenta que la medida busca defender el territorio local incentivando la inscripción de predios en Montero, exautoridades y especialistas denuncian supuestos intereses económicos y acusan una grave afectación al desarrollo urbanístico futuro de la ciudad.
La postura del Concejo: «Un incentivo para proteger los límites»
La concejal Adela Ortiz salió al paso de las críticas señalando que la norma busca evitar que los empresarios e inversionistas prefieran registrar sus proyectos urbanísticos en municipios colindantes como Warnes, Saavedra o Portachuelo. Según la legisladora, alcaldías vecinas ofrecen condiciones impositivas o de cesión de tierras más atractivas, lo que provocaba que Montero perdiera la recaudación de impuestos y la soberanía sobre terrenos fronterizos no delimitados, citando como antecedente los históricos conflictos en zonas como El Naranjal.
«Preferimos conceder ese incentivo del 5% a perder el 100% del territorio y que las urbanizaciones terminen tributando en otros municipios», sostuvo Ortiz. Asimismo, la concejal atribuyó el problema a la burocracia edilicia acumulada durante gestiones pasadas que frenaba la aprobación de trámites.
Críticas de exautoridades: Inacción municipal y supuestos intereses
Por su parte, el exalcalde de Montero, Miguel Ángel Hurtado, expresó su profunda decepción ante la medida. Afirmó que la cesión del 40% representa la «columna vertebral» del equipamiento urbano futuro —destinado a hospitales, escuelas, parques y espacios deportivos— y advirtió que reducir ese margen comprometerá severamente la calidad de vida de las próximas generaciones.
Hurtado cuestionó que las autoridades actuales apelen al argumento de los límites para justificar la rebaja. Recordó que durante la gestión de Mario Baptista se financió un trabajo técnico exhaustivo a cargo de una comisión especial —integrada por William Vaca, Luli Parada y el Dr. Sotomayor— que dejó sentadas las bases legales sobre la jurisdicción territorial de Montero. Según el exalcalde, lo que ha faltado en las últimas administraciones edilicias es voluntad política e iniciativa para dar seguimiento formal a la demanda de delimitación ante la Gobernación de Santa Cruz.
A estas observaciones se sumó el exconcejal e ingeniero William Vaca Moreno, quien descalificó el argumento del Concejo Municipal tildando la medida como un «negocio» orientado a favorecer económicamente a los grandes grupos inmobiliarios en detrimento de la planificación urbana.
Vaca remarcó que las fronteras territoriales no se defienden otorgando concesiones a los loteadores, sino haciendo valer la ley. Explicó que existen antecedentes de proyectos —como las urbanizaciones Villa Esterita o El Líbano— ubicados geográficamente dentro de la jurisdicción de Montero que terminaron registrándose en municipios como Saavedra. Ante estos escenarios, Vaca instó a la Alcaldía a iniciar demandas legales formales para exigir el respeto a su planificación territorial y la restitución de los recursos tributarios, en lugar de reducir las exigencias urbanísticas.
Desequilibrio territorial y expansión desmedida
Durante el debate sobre la planificación urbana, se puso en evidencia la asimetría territorial que enfrenta Montero. Con apenas 369 kilómetros cuadrados de extensión, Montero cuenta con un territorio considerablemente menor frente a vecinos como Saavedra (490 km²), Portachuelo (1.266 km²) o Warnes (1.486 km²).
Hurtado advirtió que en un municipio pequeño la pérdida de áreas públicas tiene un impacto proporcionalmente devastador. De igual modo, criticó la aprobación indiscriminada de manchas urbanas sin criterios técnicos, señalando que la conversión desmedida de tierras de cultivo en pavimentos o loteamientos desiertos afecta el equilibrio entre el crecimiento de las ciudades y la capacidad de producción agrícola de la región.
Para hacer frente a esta problemática, tanto el exalcalde como expertos sugieren que el Consejo Municipal de Montero conforme con carácter de urgencia una comisión especial de seguimiento al litigio limítrofe ante la Gobernación, priorizando los intereses de la ciudadanía por encima de la presión del sector inmobiliario.
