Montero, 7 de julio de 2026. En una jornada marcada por el debate sobre la eficiencia pública y el destino de los recursos municipales, el Concejo Municipal de Montero aprobó una modificación a su estructura organizacional y escala salarial. El cambio, defendido por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del órgano deliberante, busca priorizar los procesos de legislación y fiscalización, en medio de fuertes cuestionamientos de la opinión pública y de los propios concejales sobre el rendimiento y la asistencia de los legisladores locales.

Estructura interna: ¿Eficiencia o gasto corporativo?

El licenciado Luis Fernando Moreno, MAE del Concejo, argumentó que la reestructuración —propuesta inicialmente en 2024— tiene como meta optimizar los servicios a la población mediante la especialización de las comisiones. Según Moreno, la planta de personal se redujo de 43 a 42 ítems para la gestión 2026.

Por su parte, el concejal Rafael «Rafa» Hurtado confirmó la aprobación del informe técnico, señalando que la modificación representa un ahorro mensual aproximado de 3.000 bolivianos. Sin embargo, la asignación de recursos sigue generando suspicacias:

• Presupuesto en ascenso: Se observó un incremento de cerca de 400.000 bolivianos en el presupuesto total del Concejo entre las gestiones 2025 (Bs 6.069.575) y 2026 (Bs 6.455.000).
• Absorción de sueldos: Prácticamente entre el 80% y el 90% del presupuesto se destina a sueldos y gastos de funcionamiento. En bruto, un concejal de Montero percibe un salario mensual de 14.450 bolivianos (Bs 12.285 líquidos).

El dato: Durante el debate se contrastó la realidad local con el municipio vecino de Yapacaní, que opera con un presupuesto legislativo menor y sueldos de concejales que rondan la mitad de lo percibido en Montero, pese a haber captado importantes inversiones del nivel central.

El reto de «fiscalizar al fiscalizador»

Uno de los puntos más críticos discutidos por el concejal Alberto Viveros y los entrevistados fue la falta de indicadores reales para evaluar el trabajo de las autoridades electas. Se denunció que en periodos pasados las licencias injustificadas, el ausentismo y las «sesiones teledirigidas por Zoom» convertían el cargo en un «cheque en blanco».

Para frenar esto, Moreno destacó la reciente conformación de la Comisión de Ética, la cual deberá elaborar un reglamento que fije sanciones y descuentos económicos específicos por incumplimiento de deberes.

Carpetas bajo la lupa: Parques, Plazas y Desayuno Escolar

En el plano de la fiscalización de campo, los legisladores aseguraron estar activando la revisión de proyectos clave para el municipio:

• Parque Industrial: El concejal Viveros informó que ya se solicitaron las carpetas oficiales de las concesiones y terrenos para transparentar el estado real del proyecto y potenciar el empleo local.
• Plaza Pampa de la Madre: El concejal Hurtado fiscaliza esta obra tras denuncias vecinales sobre la falta de personal regular. El foco está puesto en el ítem del parque de Calistenia, presupuestado en 465.000 bolivianos, una cifra que Hurtado calificó de «exorbitante».
• Contratos de Comunicación: Se conoció que el concejal José Ureña avanza en una investigación sobre los contratos municipales con medios de comunicación.
• Audiencia Pública: A insistencia de la bancada opositora, se fijó para el 23 de julio una audiencia pública con el ciudadano Elmer Torrico por temas vinculados al desarrollo industrial.

Finalmente, el debate radial dejó planteada una demanda histórica para la gestión del alcalde Regys Medina: la urgencia de reestructurar el desayuno escolar hacia un modelo de comedores nutricionales y la postergada industrialización y separación de los residuos sólidos en la ciudad.