Montero 1 agosto 2026.- El concejal municipal José Bismark Ureña expresó observaciones al proceso de contratación del servicio de disposición final de residuos sólidos en Montero y pidió al Ejecutivo Municipal justificar técnicamente el incremento del precio referencial, que pasó de aproximadamente 6 millones de bolivianos en 2023 a 10,9 millones para el nuevo contrato.

La autoridad señaló que, tras revisar la documentación de la licitación y sostener una reunión con técnicos del Ejecutivo, concluyó que la empresa adjudicataria cumplió con los requisitos legales y obtuvo la contratación al presentar la propuesta económica más baja. Sin embargo, afirmó que persisten dudas sobre la forma en que la Alcaldía estableció el precio referencial.

Ureña indicó que el servicio contratado es prácticamente el mismo que se ejecutó en 2023, consistente en la compactación y cobertura de los residuos en el relleno sanitario, sin que se hayan incorporado nuevas prestaciones o tecnologías que expliquen un incremento cercano al 66%.

«Entiendo que hubo un aumento de costos por la crisis económica, el combustible y otros factores, pero economistas con quienes consulté consideran que el incremento razonable debería situarse entre el 30 y el 40 por ciento, no del 66 por ciento», sostuvo.

El concejal explicó que buscó en la documentación publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales el estudio técnico que respalde el monto establecido por la Alcaldía, pero aseguró que no encontró un informe económico que justifique el nuevo precio referencial.

Asimismo, cuestionó que para otros servicios públicos se exijan estudios tarifarios antes de autorizar incrementos, mientras que en un contrato de varios millones de bolivianos no existiría, según afirmó, una evaluación técnica visible que respalde el presupuesto.

Durante la entrevista también surgieron interrogantes sobre el futuro proyecto de industrialización de residuos sólidos, impulsado mediante un estudio financiado por la CAF. Ureña manifestó que el Concejo Municipal no fue convocado a las socializaciones del proyecto y que existe incertidumbre sobre su implementación.

El legislador observó que, si el proyecto logra reciclar alrededor del 60% de los residuos generados diariamente en Montero, como se anunció en presentaciones públicas, el volumen destinado al relleno sanitario disminuiría considerablemente, situación que podría modificar las condiciones del contrato vigente.

Finalmente, el concejal anunció que continuará con las labores de fiscalización para determinar si el precio contratado responde a criterios técnicos y económicos, reiterando que no cuestiona la necesidad del servicio de disposición final de residuos, sino la obligación de garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.